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Temen que federales despedidos engrosen las filas del narcotráfico

1 de septiembre de 2010.

1 de septiembre de 2010. Legisladores y sectores juarenses exigieron ayer a la Secretaría de Seguridad Pública Federal que emprenda acciones penales en contra de los 3 mil 200 agentes federales que fueron separados de sus cargos, para evitar que salgan a la calle a sumarse a alguna organización criminal.

El comisionado de la PF, Facundo Rosas, dio a conocer a nivel nacional que la salida de los 3 mil 200 elementos fue decidida por el Consejo Federal de Desarrollo Policial luego de que los agentes “incumplieron los deberes previstos en el reglamento de la Policía Federal”, básicamente reprobaron los exámenes de confianza.

En esta frontera, el comisario y jefe de la Operación Coordinada Chihuahua, Vidal Díaz Leal Ochoa, dijo que “en el anuncio del personal que sale de la institución, hay 3 mil 200, luego mil 20 y hay adicionalmente 465 que están en un proceso sistemático de depuración por violación a distintos deberes legales; entre ellos se hallan los cuatro mandos medios que estaban adscritos a Juárez”.

Por lo que se refiere a los 300 oficiales que se amotinaron en esta frontera, Díaz Leal indicó que “ellos no están en la lista, sino dentro de los 465 elementos que están sujetos al Consejo Federal de Desarrollo Policial, porque si bien es cierto hay una denuncia que hicieron de manera formal, debían de haber seguido los canales que existen, y no el bochornoso escenario de días pasados”.

No obstante, la Policía Federal no cuenta con mecanismo alguno para dar seguimiento permanente a los más de 4 mil 600 agentes que saldrán en total y que constituyen el 13 por ciento de la corporación, cuyas filas ascienden a 34 mil efectivos en todo el país.

“Dejan de pertenecer a la institución y hay un seguimiento, pero tampoco es factible dar seguimiento de manera permanente para saber qué hacen o a qué se dedican”, dijo Vidal a pregunta expresa.

Frente a esa situación, diputados del Congreso del Estado demandaron a la SSPF inicie acciones penales contra los agentes federales despedidos para que se les pueda dar un seguimiento y tener control sobre sus movimientos.

Asimismo, señalaron que el Legislativo federal debe hacer adecuaciones a la ley como lo hizo el Congreso del Estado de Chihuahua para duplicar las penas contra agentes policiacos que colaboren con el crimen organizado.

El comisario de la Operación Coordinada, Díaz Leal Ochoa, indicó que de los 3 mil 200 cesados es factible que varios hayan estado asignados a Ciudad Juárez pero, por el proceso normal de rotación, no sería posible saber cuántos exactamente participaron en este operativo.

Acerca del riesgo de que ex policías capacitados en el manejo de armas se pongan al servicio de la delincuencia, los legisladores de PRI, PAN y PANAL abordados sobre el tema coincidieron en que la Procuraduría General de Justicia del Estado debe aplicarles a ellos la penalización recién aprobada, de hasta 50 años de cárcel a todo ex servidor o servidor público que colabore con el crimen.





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