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Aprueba Comisión de Justicia de Cámara de la Diputados, Ley Antisecuestro

22 de septiembre de 2010.

Ciudad de México.- Fue aprobada la Ley Antisecuestro por los integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados federales, informó el vicecoordinador jurídico de la bancada panista, Óscar Arce Paniagua

Durante la sesión donde se aprobó la ley en mención estuvieron presentes la titular de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y el presidente del Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana (México SOS), Alejandro Martí.

Ambos luchadores sociales reconocieron el trabajo de los diputados que integran la Comisión de Justicia y coincidieron que esta ley será una herramienta importante para el combate al secuestro.

La Ley Antisecuestro en mención prevé castigos desde 30 hasta 60 años de prisión a los plagiarios y permitirá que la Procuraduría General de la República (PRG) atraiga los casos considerados obra de la delincuencia organizada.

El vicecoordinador panista y secretario de la Comisión de Justicia, expuso que la minuta enviada por el senado se aprobó sin cambios en aras de tener una ley general que permita a la federación y estados combatir de forma eficaz e inmediata este delito.

Agregó que la ley permitirá que la PGR investigue los casos de secuestro donde participa la delincuencia organizada y donde intervienen menos de tres personas o los llamados secuestros expres y virtuales.

Entre los apartados que destacan en esta ley, está la creación de un "Fondo para la Reparación del Daño y Atención a Víctimas", que se integrará parte con el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además ratifica que las autoridades tengan facultades para intervenir comunicaciones telefónicas para investigar el delito de secuestro.

El vicecoordinador jurídico informó que el dictamen señala que una investigación de secuestro tampoco podrá enviarse a la "reserva" y los secuestradores que hayan purgado una condena podrán ser vigilados por la policía durante cinco años posteriores a su liberación.

La reforma obliga además a las procuradurías estatales a crear y operar unidades especiales para la investigación del secuestro.

Así mismo, entre otros, permite que la sentencia condenatoria por secuestro contemple la reparación del daño a las víctimas, cuyo monto fijará el juez de la causa.



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