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Vuelve opacidad a gobiernos, alertan

27 de septiembre de 2010.

Qué se esconde cuando a un ciudadano se le niega información pública? Esa pregunta se la hacen quienes solicitan a la Procuraduría General de la República (PGR) el expediente que se abrió por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, ocurrida en la década de los 70, y la averiguación previa de la muerte de Ernestina Ascensio, indígena nahua de la sierra de Zongolica, Veracruz.

También tiene la duda el ciudadano que pidió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) los nombres de las personas físicas y las empresas a las que se les condonaron créditos fiscales. Esa misma pregunta ronda en la mente de quien busca conocer cómo se gasta el dinero público el gobierno del estado de Campeche. A todos ellos, la información se les negó bajo el argumento de que se trataba de “reservada o confidencial”.

Las historias de los ciudadanos que se han encontrado con pared cuando buscan datos reflejan el momento “crucial” que vive el derecho a la información en México, coinciden especialistas.

“Tanto gobierno federal como algunos gobiernos locales están levantando verdaderas murallas contra la transparencia”, señala Mauricio Merino, profesor investigador del Centro de Investigación Docencia Económicas (CIDE) y especialista en acceso a la información pública.

Para Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en derecho a la información y transparencia gubernamental, existe una “intención muy firme para revertir los avances conseguidos en transparencia”.

Lo más grave —dice— es que las acciones que se han emprendido para ponerle piedras al camino del derecho a saber, muestran que la transparencia no tiene “defensores dentro del gobierno. La verdad es que la transparencia se quedó huérfana en el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa”.

Haydeé Pérez, coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de la organización Fundar, explica que de dos años a la fecha existe “un embate estructural y sistémico contra todo lo que el país ha ganado en materia de transparencia”.

Avances y retrocesos

Las “murallas contra la transparencia” comenzaron a construirse con mayor afán después del 20 de julio de 2007.

En esa fecha, el movimiento ciudadano que impulsa el derecho a la información celebró que se reformara el artículo sexto de la Constitución. Con ello, el derecho a la información se elevó a garantía individual y se incluyó el principio de “máxima publicidad”, con el cual se obligaba a los gobiernos federal, estatales y municipales a proporcionar la información pública a los ciudadanos.

Esta reforma constitucional fue vista como el mayor logro en la corta historia del derecho a la información en México. Y es que éste comenzó a ser una realidad para el país en 2002, cuando se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una legislación que fue aplaudida por considerarse de vanguardia. Luego los estados comenzaron a diseñar sus propias leyes.

Sin embargo, hay datos que evidencian que las reformas al artículo sexto no han logrado que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la información.

De acuerdo con el estudio Métrica de la transparencia 2010, cuyos resultados se presentaron el 9 de septiembre, por lo menos 50% de las leyes de transparencia que existen en el país no definen en forma clara cómo, cuándo y bajo qué criterios se considerará una información como “reservada o confidencial”.

Entre las acciones más representativas en contra de la transparencia —coinciden académicos— están las reformas al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, realizadas en diciembre de 2008, que permiten calificar como información “reservada” las averiguaciones previas concluidas.

Carbonell cree que hay “una estrategia jurídica de la opacidad”, porque se están usando las leyes para intentar entorpecer el desarrollo de las solicitudes de información y el trabajo de órganos garantes.

Información y justicia

¿Qué se esconde cuando no se quiere entregar el expediente del caso Rosendo Radilla? Esa es la pregunta que se hace Humberto Guerrero, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos (CMDPDH).

Y es que el caso de la desaparición forzada de Radilla, no sólo llevó al gobierno mexicano a enfrentar un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) —por el cual ya recibió una sentencia—, también fue un litigio en materia de acceso a la información.

Humberto Guerrero explica que, usando la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitaron a la PGR una copia de la averiguación previa que, en su momento, integró en la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) sobre el caso Radilla. Sin embargo, la PGR se negó a entregarla por considerarla como “reservada”.

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) argumentando que el caso versaba sobre grandes violaciones de derechos humanos, incluso crímenes que podían considerarse de lesa humanidad, ordenó que se entregara la información. Pero la PGR se volvió a negar. Incluso, tampoco entregó la copia del averiguación previa cuando la propia CorteIDH se lo solicita.

Y aunque la Corte ya sentenció al Estado mexicano por la desaparición forzada de Radilla, la PGR sigue sin entregar la información que se le solicitó.

Por ello, la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos (CMDPDH) y Litiga. Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Litiga OLE) llevarán el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia para buscar que se entregue la información.

“La sociedad tiene derecho a conocer estos expedientes”, señala Luis Miguel Cano, codirector de Litiga OLE, organización que también busca que sea pública la averiguación previa del caso de Ernestina Ascensio, indígena nahua que, de acuerdo con la versión oficial, murió por una gastritis mal atendida.

Cano señala que “la única herramienta que tiene la ciudadanía para asegurarse de que se están haciendo investigaciones efectivas es, precisamente, teniendo acceso a la información de los expedientes”.

Los casos de Ernestina Ascensio y Rosendo Radilla son sólo algunos en los que la PGR se ha negado a dar información.

Estadísticas del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) muestran que de enero al 19 de agosto de 2010, la PGR recibió mil cinco solicitudes de información; en 113 de ellas se negó a darla por considerar que era “reservada o confidencial”.

En 105 su respuesta fue “inexistencia de la información solicitada”.

Para Mauricio Merino, la PGR se ha convertido en “la protagonista de la opacidad. Ha venido oponiéndose a la labor del IFAI activamente, interponiendo recursos jurídicos para que el IFAI deje de cumplir su tarea. El enemigo jurídico del IFAI es la PGR. Y esto es impresentable en un país”.

El investigador de la UNAM Miguel Carbonell señala que en el contexto del combate al narcotráfico y la “cruzada por la seguridad” que realiza el gobierno federal, “manda un mensaje pésimo el decir vamos a combatir la inseguridad, pero confíen en nosotros porque no les vamos a dar información. Nos están pidiendo que confiemos a ciegas en lo que están haciendo. Eso no es ni democrático ni constitucional, ni siquiera legítimo. Nos están pidiendo un cheque en blanco”.

Tribunales, campo de batalla

En el caso de Rosendo Radilla, lo que sí hizo la PGR fue promover un litigio de nulidad de la resolución del IFAI ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Este tribunal resolvió que no tenía competencia para tratar el asunto.

Sin embargo, en otros caso, este tribunal aceptó llevar el litigio. Así lo hizo en mayo de 2010, con la demanda que interpuso el SAT contra la resolución del IFAI que le ordena dar a conocer los nombres de los contribuyentes a los que se les cancelaron créditos fiscales en 2007.

El SAT también es otra de las dependencias que se distingue por su opacidad. De las mil 85 solicitudes de información que recibió de enero al 19 de agosto del 2010, se negó a dar información por considerar que era “reservada o confidencial” en 214; respondió que no existía la información solicitada en 163 casos.

El caso del SAT —explica Luis Miguel Cano de Litigia OLE— muestra una de las acciones cada vez más recurrentes en contra del derecho a saber:

“Las autoridades se niegan a cumplir con las resoluciones de los institutos de transparencia, pese a que en la gran mayoría de las legislaciones del país está previsto que los fallos de los institutos de transparencia, cuando son favorables al acceso a la información, son definitivos para los sujetos obligados”.

Las autoridades ahora recurren a instancias intermedias, como los tribunales, para evitar da la información, dice.

La historia que sentó el primer precedente en esta área es la que ahora se conoce como caso Campeche.

Haydeé Pérez, de Fundar, explica que el 30 de junio de 2009 se aprobó una reforma a la Ley de Transparencia de Campeche. En ella se establece que los entes públicos pueden impugnar las resoluciones que emita la Comisión de Transparencia del estado ante el Tribunal Superior de Justicia de la entidad. “Esto es contrario a lo que ha sido reconocido por expertos y organismos internacionales como mejores prácticas de transparencia”.

Incluso, con esta reforma, la Ley de Campeche no estaría acorde al artículo sexto constitucional, en donde se determina que los procedimientos en materia de información pública deben ser “expeditos” y tratados ante órganos especializados e imparciales.

Un ciudadano de Campeche ya padece las consecuencias de la reforma a la ley de su estado. Luis Abreu Montaño ha solicitado, en diversas ocasiones, información sobre gastos del gobierno estatal durante el último cuatrimestre de 2009 y los primeros meses de 2010. Se le negó la información, sin embargo, el pasado 14 de julio la Comisión de Transparencia determinó que los funcionarios tenían que darle los datos solicitados.

La Unidad de Acceso Común de la Administración Pública Estatal impugnó los fallos de la Comisión de Transparencia ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde esperan ser resueltos.

Futuro, en manos de la SCJN

El 18 de agosto de 2009, algunos legisladores de Campeche promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma a la ley del estado que permite que el fallo de la Comisión de Transparencia sea impugnado ante el Tribunal.

En este caso también intervino la PGR, dependencia que envió a la Suprema Corte sus argumentos a favor de la reforma de ley de Campeche.

Haydeé Pérez, de la organización Fundar, explica que el fallo que otorgue la SCJN para el caso Campeche será muy trascendente para el país.

“Si aprueba la reforma entonces abrirá la puerta para que las resoluciones del IFAI y otros órganos garantes puedan llevarse a litigio a otros tribunales, como lo quiere hacer la PGR”.

La SCJN también tendrá que decidir si es inconstitucional el artículo 16 del Código de Procedimientos Legales.

Académicos y organizaciones no gubernamentales coinciden en asegurar que los ministros de la SCJN tienen en sus manos determinar qué rumbo seguirá para la transparencia en México.



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