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Vacío de autoridad aviva autodefensa

27 de septiembre de 2010.

Las probabilidades de salir bien librado de un enfrentamiento con los dos sujetos que habían penetrado a su casa eran escasas. Entre los dos sumaban menos años que los 70 de él, pero aún así decidió encararlos. Tomó un revólver del buró de su recámara y fue a buscarlos hasta el patio trasero. Antes de soltar el único disparo, uno de los maleantes intentó herirlo, pero falló en cuatro ocasiones.

“No me di cuenta en qué momento cayó al suelo”, contó el anciano después, ante el Ministerio Público. “Hasta después supe que estaba muerto”.

El segundo ladrón se le fue encima. Lo hubiera matado a golpes a no ser que la esposa, de 65 años, apareció en escena portando otra pistola calibre .22, con la que le pegó cuatro tiros sin titubear. El testimonio ministerial de ambos dice que el sujeto no se desplomó debido al bajo poder de los proyectiles. Antes de huir golpeó salvajemente a la mujer. La policía lo halló media hora después sangrante, tirado sobre el asfalto, a poca distancia de la escena.

La autodefensa del matrimonio se registró a las 8:30 horas del viernes 10 de septiembre en una colonia de clase media alta de la ciudad de Chihuahua, llamada San Felipe. Los ladrones, informó la policía al día siguiente, provenían de El Palomar, un enclave miserable localizado justo al lado.

La pareja había decidido armarse las semanas previas, tras sufrir un par de asaltos en su propia casa. La forma en que resolvieron el ataque dio paso a secuelas que comienzan a preocupar a las autoridades. En 15 días, otros tres presuntos delincuentes fueron igualmente abatidos por ciudadanos que decidieron tomar la justicia en sus manos, y la idea de prescindir de policías, por corruptos e ineficaces, comienza a fortalecerse en varios municipios del estado.

Venciendo el miedo

Para llegar a Colonia Cuauhtémoc, a la salida norte de la capital del estado, debe tomarse la carretera federal 45, cruzar las casetas de peaje en Sacramento y conducir hasta tomar un largo camino de terracería hacia el poniente, al pie de una cordillera seca donde se erige la docena de viviendas que alojan a los poco más de 50 habitantes del ejido. La austeridad es evidente, pero ello no los ha salvado de extorsiones y asesinatos.

“Estamos amenazados por la delincuencia”, dijeron hace poco a la prensa local. “Hemos denunciado (lo que pasa) y ni aún así hemos visto una patrulla en el entronque para llegar al pueblo”.

El abandono los ha hecho tomar la decisión de cerrar el único paso hasta la aldea y prepararse para la confrontación. “Si las autoridades correspondientes no pueden, tendremos que defendernos con lo que tenemos”, concluyeron.

El siguiente nivel de acción ante el vacío de autoridad se produjo días más tarde, el lunes 20 de septiembre, en Ascensión, municipio ubicado 170 kilómetros al poniente de Ciudad Juárez, cuando los habitantes lincharon a dos menores que habían participado en el intento de secuestro de una adolescente de 17 años.

La menor fue sustraída del negocio familiar, un restaurante de mariscos. Testigos alertaron de inmediato al vecindario y en minutos se organizó la persecución que concluyó con el rescate de la menor y la detención de cinco de los ocho secuestradores.

Por horas, ninguna fuerza federal pudo arribar al poblado, debido a la decisión que habían tomado los habitantes de matar a los presuntos delincuentes allí mismo. Un par de helicópteros enviados por el Ejército y la Policía Federal no pudieron aterrizar. Los pobladores se colocaron debajo de ellos siempre que los pilotos intentaron posarse en tierra.

Militares y agentes debieron llegar por carretera, pero aún así no pudieron evitar el linchamiento. De los cinco, dos fueron masacrados en presencia de las autoridades. La investigación de la Procuraduría del estado indica, sin embargo, que los dos fueron subidos aún con vida en una de las patrullas de la Policía Federal, donde finalmente murieron tras una larga y lenta agonía.

En el linchamiento tomaron parte unos mil ciudadanos, de los 7 mil que habitan el municipio, según datos ofrecidos a noticiarios de televisión por el alcalde Rafael Lorenzo Camarillo. El pueblo entero, sin embargo, presionó para que fueran destituidos los 17 agentes de policía local, y acusó a los agentes estatales y federales de formar parte de las redes de secuestro y extorsión de las que son víctimas.

En cuatro meses, Ascensión registró 30 secuestros. El día del linchamiento, los pobladores enteraron también de varios asesinatos, el cobro de cuotas que deben pagar comerciantes y agricultores, y el desamparo al que le confinó el gobierno en esta supuesta lucha contra el crimen organizado.

Lo sucedido allí, dijo el gobernador José Reyes Baeza los días posteriores, es producto del “agravio” y “el coraje”. No acusó de recibo el reclamo de los ciudadanos, porque “se ha avanzado mucho en esta región, pero aún falta más por hacer ante el tema de la inseguridad”.

eluniversal



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