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Cumplirá la CEDH 20 años de vida

22 de noviembre de 2010.

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El homicidio del taxista Juan Cereceres en el año de 1954 marcó la pauta para que en la exigencia de justicia se abriera la primera institución defensora de los derechos humanos en el país, lo que convirtió a la entidad en pionera en este ámbito.

Con este preámbulo se institucionalizó en el año de 1990 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y ahora, próxima a cumplir sus primeros veinte años de vida, su presidente José Luis Armendáriz señala que ha habido avances importantes, aunque todavía falta mucho, particularmente en los temas de corrupción y discriminación.

La CEDH del estado de Chihuahua fue la tercera que se instituyó en el país después de las de Aguascalientes en 1988 y Guerrero en 1990 (meses antes), por eso la entidad cuenta con una larga historia en el tema.

En aquel tiempo en que inició la comisión el contexto que operaba en esas fechas en México era de reclamo, porque se presumía que la llegada del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari a Los Pinos no había sido de manera limpia y era previo a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Desde décadas atrás en el ámbito internacional se criticaba al país porque no tenía un sistema de protección de derechos humanos, a lo que los juristas nacionales respondían que existía en el juicio de amparo para defender esas garantías. Muchos años antes, en 1890, se creó en Suecia la primera institución derechohumanista; de ahí permeó a los países nórdicos, luego pasó a Europa Central, después a España y Portugal, y posteriormente cruzó a Sudamérica.

En España, Portugal y Sudamérica tomó el nombre de defensor del pueblo, en Francia se llama mediador y con otros nombres particulares se fundó en otras regiones como Cataluña, donde se le denominó como síndico de agravios; en Galicia es el valedor del pueblo, mientras que en América es el defensor del pueblo en la mayoría de los países.

Sólo en México y Honduras a los organismos se les tomó como una comisión por verse más ligado a la traducción literal de “ombudsman” y a un órgano ciudadanizado, que es conformado por un consejo, de ahí toma la connotación de derechos humanos. El organismo para 1990 estaba muy extendido en América, principalmente en países de habla hispana; “se nos criticaba que no había un sistema sencillo para garantizarlos, pero el argumento mexicano era el juicio de amparo, aunque había que aceptar que el juicio de amparo era un procedimiento muy incompleto, de trámite retardado y hasta costoso”. Para acceder un amparo los abogados deben evaluar las horas que le tienen que aplicar a un caso y se traduce en que se eleve el costo, por lo que no está al alcance de cualquiera, salvo casos específicos en que la defensoría asumió el patrocinio bajo este esquema.

Salinas de Gortari llegó a la Presidencia de la República en una forma cuestionada en lo electoral, generó en el Ejecutivo el gesto de querer presentar una apertura a la comunidad internacional, respetuosa de los derechos humanos y que, por ende, impulsara la creación de organismos públicos.

Para esas fechas, ya desde 1988 existía en la entidad la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos de Chihuahua, A.C. (Cosydhac), que era impulsada por el presbítero Francisco Chávez en el municipio de Baborigame, y hubo otros religiosos que la apoyaron para defender los derechos humanos, aunque Chihuahua ya tenía una larga tradición en ese sentido.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos se emitió en 1948 y fue algo que impactó en Chihuahua en años inmediatos después, pues es de los primeros estados con los antecedentes más antiguos de organizaciones de la sociedad civil para defenderlos como tales.

“Esto siempre ha existido, pero bajo el concepto de derechos humanos, y esa organización se crea para exigir el esclarecimiento del crimen de Juan Cereceres, pero cuando se apuntaló se le dio un sesgo político y desapareció, junto con los reclamos de justicia para el taxista”, agregó el “ombudsman” del estado.

CASI SE ABOLIÓ LA TORTURA EN CHIHUAHUA

El trabajo efectuado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la entidad permitieron que la tortura, acostumbrada particularmente por policías judiciales o ministeriales en el estado, casi haya desaparecido.

“Desgraciadamente sigue latente, pues en el año sólo registramos un caso denunciado, aunque en el caso de elementos federales, como ocurrió con agentes de la SSPF o elementos del Ejército Mexicano, los casos todavía se presentan”, alertó Armendáriz.

Históricamente fue en la Constitución de Cádiz donde se declaró la abolición de la inquisición y la tortura como forma técnica de castigar o de investigar; “la tortura entraba y salía, legalmente no existía, pero en una investigación a fondo de las policías encontramos que sí, por eso había reclamos internacionales hacia nuestro país”.

Aquí no había organismos oficiales para atacar eso ante la exigencia también de la OSC’s; en el Distrito Federal había organizaciones importantes, en Aguascalientes, en San Luis Potosí, donde se considera que desde 1847 existió una defensoría de los pobres, pero no pasó de ahí, y con la Constitución de 1957 desapareció, por lo que el Ministerio Público tomó para sí la defensa de las víctimas del delito.

Previo a 1990 hubo un repunte importante por las OSC’s, que rebasaron al gobierno en la capacidad de defensa de los derechos humanos. Aguascalientes fue el primer estado que creó una procuraduría como organismo público para defender los derechos humanos con su presidente Miguel Harri, en 1988, y posterior a la comisión de Aguascalientes en junio de 1990 se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, originalmente como un departamento dependiente de la Secretaría de Gobernación.

“En este caso se decía que tenía tintes de índole políticos, que le restaba legitimidad e independencia, y se creó la nacional; en septiembre de 1990 se conformó la comisión del estado de Guerrero y en diciembre la de Chihuahua.

El caso de Chihuahua fue diferente, pues se emitió el decreto el 25 de noviembre de 1990 y entró en vigor al día siguiente, pero fue la primera que estuvo como desconcentrada de la Secretaría General de Gobierno.

Después de la creación se instaló el 4 de diciembre de 1990, donde el ingeniero Cervantes fue su primer presidente y posteriormente se vinieron en cascada las demás comisiones de los otros estados.

En 1992 se emitió un decreto donde se da carácter de organismos descentralizados del Poder Ejecutivo y en 1994 se dio un paso trascendental cuando en la entidad se estableció que al presidente de la CEDH lo elegiría el Congreso del Estado, cuando anteriormente la elección corría a cargo del gobernador en turno. Además, los consejeros debía proponerlos el mismo presidente de la comisión, una vez que tomara posesión, personas que pondría a la validación del mismo Congreso estatal, modalidad en la que Chihuahua fue de los primeros estados y donde la CNDH fue la última que lo modificó, hasta el año de 1999, cuando se determinó que la designación debía correr a cargo del Senado de la República.

“Como son organismos que a pesar de que su fin es defender los derechos humanos están sujetos a muchos intereses políticos, de grupos parlamentarios y hasta esa fecha se dio ese consenso en las cámaras Alta y Baja para reformar la Constitución”.

Durante este lapso, cuando nace en 1990 el reclamo central de las OSC’s, era el tema de la tortura el que mayor auge tenía, pues hubo muchos casos de abusos de las policías Judicial Federal y Del Estado, de acuerdo con lo que se desprende de los documentos históricos, y fue lo que ocupó en mayor medida al organismo en los primeros años.

Esto produjo que cuando aparece como institución a los chihuahuenses se les mete la idea de que el organismo sirve para defender a las personas que eran detenidas, luego en el común de la gente se arraigó que era para defender delincuentes; “esto ha sido difícil revertirlo, porque a la fecha hay un gran arraigo social de identificar al organismo en ese esquema”, aceptó Armendáriz.

Con esta inseguridad que había por parte de los ciudadanos se consideraba que un organismo como la comisión no debía existir “por eso es que ha sido difícil revertir esta percepción social, concebir que los derechos humanos tienen que ver con el área de desarrollo de la persona, que lo mismo es el derecho a un ambiente sano, a que den respuesta a una petición, a que se de trámite frecuente y permanente en cualquier gestión que se haga”.

Consideró que sido difícil esta tarea, pero se ha revertido poco a poco, en temas que originalmente dieron ocupación a esto, como detenciones, agresiones o detenciones con violencia innecesaria, se han diluido y la comisión ha pasado a otro tipo de quejas, de violaciones más finas, aunque siguen siendo violaciones.

Hasta 1995 que se desprende la estadística, la seguridad y la impartición de justicia eran el tema central en relación a las quejas, que eran interpuestas por imputados en algún delito, pero a la fecha, en el tema de seguridad y la procuración de justicia, prácticamente el 75 por ciento de los casos son presentados por víctimas del delito y un 25 por quienes se encuentran sometidos a un proceso legal.

Existen cuatro ramas de los derechos humanos, que son la seguridad pública, la procuración de justicia, la educación y la salud, como los cuatro troncos que generan el mayor número de quejas, pero dentro de las primeras dos casi siempre es por víctimas; “ya cambió totalmente el esquema que dio origen al organismo”.

El año pasado sólo hubo una queja por tortura en servidores públicos estatales y municipales, mientras que en las fuerzas federales sí los hay, en el caso de elementos de la Procuraduría General de la República y el Ejército.

La comisión ha hecho su trabajo, pero el cambio de paradigmas en materia penal, en quitarle valor a la confesión, tomó un elemento muy importante, porque se presionaba al imputado; “a nosotros nos contaban los mismos agentes, quienes no eran partidarios de aplicar la tortura, pero era la instrucción de que el trabajo de investigación había que sacarlo”, comentó el “ombudsman”.

Con esa presión se les obligaba a hacer actos ilícitos, porque el propio sistema penal lo permitía aun cuando no hubiera sido esta persona la culpable del delito; “la tortura no conducía realmente a sostener que todos los sentenciados eran los responsables, porque había individuos que para evitar el sufrimiento aceptaban una culpa”.

Indicó que la desaparición de la tortura es un elemento importante no sólo atribuible a la comisión que hizo su trabajo, sino también al sistema de justicia creado recientemente.

Aunque consideró que aún quedan por afinar muchas cosas en este nuevo sistema penal, de cualquier manera todavía tiene algunas fallas.

“Es la única forma de garantizar procedimientos científicos objetivos que nos aparten de prejuicios, discriminaciones y estigmas, porque se daba el caso de que un alto índice de responsables eran los delincuentes pobres, que no tenían relaciones públicas o políticas”.

FALTA CULTURA EN LOS FUNCIONARIOS

En los últimos años ha cambiado la tonalidad de exigencia a la petición de derechos más finos, como es la oposición de un grupo de vecinos para la instalación de un negocio o establecimiento, que creen que rompe con un sistema urbanístico.

José Luis Armendáriz indicó que se han hecho esfuerzos en el tema de la educación con los jóvenes y niños para buscar en su percepción que vean a los derechos humanos como un elemento indispensable para permitir el desarrollo de las personas y que velan por la satisfacción de las necesidades y la realización del individuo.

Pero ese esquema, incluso en áreas del sector público, no es bien visto para unos servidores públicos, quienes lo ven como una piedra en el zapato, como que molesta, interviene en asuntos muy particulares a pesar de que son de interés público; “hay casos en que se batalla para que den respuesta al argumentar que la comisión no tiene injerencia en ciertos temas”.

En la pasada administración hubo dificultades con las presidencias municipales, donde los funcionarios decían que no era competencia de la comisión emitirles recomendaciones, o retardaron respuestas que se deben dar al organismo.

“Deben entender los funcionarios que la CEDH no es un escarnio al servidor público, sino una propuesta positiva que impacta al servicio público para mejorarlo y buscar sancionar; una recomendación puede tener más de 6 efectos, pero todas llevan consigo y buscan impactar positivamente en el sector público”.

Aclaró que las recomendaciones pueden dirigirse a que se impulse la actuación administrativa en el servicio público, como un retardo injustificado en el trámite de solicitudes, permiso de concesiones, licencias; aquellas que buscan que se cumpla con el deber de investigar para procurar y administrar justicia, que implica la recepción, necesidad de que el Estado no detenga su aparato en procuración de justicia injustificadamente.

Además del agilizar las averiguaciones, integrar indebidamente las carpetas de investigación, ejecutar órdenes de aprehensión, ejecutar la aplicación de medidas cautelares, emisión de sentencias, velar por que se reparen los daños, pero también las que buscan abrir procedimientos de responsabilidad para fincar a los servidores públicos, cuando trasgredan la Ley, producto de una mala actuación en su función para sancionar.

También las que buscan la reparación de un daño, como por ejemplo cuando se dejan objetos en la vía pública o hay una alcantarilla abierta y cae un vehículo en ella; se debe reparar el daño que se ocasione con motivo de la prestación de los servicios públicos, pues su sustento es claro en el Artículo 178.

“Como no hay una cultura de responder a este tipo de situaciones, de que las instancias respondan por los daños generados, ha resultado difícil que autoridades asuman responder por los daños que ocasionan a los particulares a pesar de que la Ley es clara, pero se debe a que este derecho se metió tardíamente en México”.

Mientras que los ingleses lo tienen contemplado desde 1215, en México la jurisprudencia más antigua que hay en ese sentido es de 2006 y aún sigue el problema, porque en la mayoría de los presupuestos no hay una partida especial para reparar daños a particulares; “son elementos en los que se debe seguir trabajando, porque debes forjar la cultura de hacerte responsable de los daños que ocasiones”.

Otro supuesto para una recomendación es para que se dicten medidas preventivas con la modificación de políticas públicas para evitar que en el futuro se cometa esa falta a los derechos humanos, toda vez que no basta con reparar la falta, sino que se hagan los cambios para que no vuelva a suceder.

Una recomendación puede tener uno o hasta seis deberes jurídicos, depende de la queja; la recomendación busca impactar positivamente, pero hay servidores públicos que no lo aceptan, “pero ésta no implica que es contra quien cometió la violación, la recomendación siempre se envía a los titulares y quien la cometió es quizás un subalterno, pero se envía a las cabezas para garantizar su cumplimiento”.

CORRUPCIÓN Y DISCRIMINACIÓN, ASIGNATURAS PENDIENTES

“El estado tiene un rezago histórico en materia de discriminación y corrupción, y no se trata de un asunto de razas como muchos ‘especialistas’ lo han querido hacer ver”, aseguró el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz.

Manifestó que hay muchas cosas por hacer y se deben enfocar esfuerzos en la discriminación, pues no es posible que el respeto por la ley de repente le llegue a las personas cuando cruzan la frontera de Estados Unidos.

Indicó que la diferencia es el arraigo histórico que se tenga de formación de la Ley.

Los ingleses desde 1815 empezaron a acuñar derecho, por eso tienen una amplia ventaja a otras culturas con más rezago histórico y en discriminación; “durante mucho tiempo se nos enseñó que era sinónimo de racismo exclusivamente y que sólo se discriminaba a quienes eran de otro color y que al no haber afrodescendientes en México esto no existía, sólo en países donde había gente de color”.

Fue hasta el 2001 que se hizo una adición a la Constitución a partir de la administración del entonces presidente Vicente Fox, cuando se introduce en el discurso público el concepto de no discriminar, “por eso es tarea pendiente en derechos humanos en sus variadas formas, por origen étnico, condición social, sexo o por pertenecer a un grupo vulnerable”.

Los indígenas también son discriminados en hospitales o los niños en la escuela, que son señalados por sus compañeros por alguna discapacidad (“bullyng”), el trato que efectivos pueden dar a alguien en la vía público, por la forma de vestir, es decir, la aplicación del dicho “como te ven te tratan”, que es un ejemplo claro del tema.

Pero también se da en instancias privadas, con prestadores de servicio que también lo hacen, donde tiendas aplican su “derecho de admisión al no dejar entrar a un invidente con su perro guía, por ejemplo, además hay elementos donde campea el acoso laboral, el despido de la mujer por estar embarazada o, recientemente, de no contratar a personas de complexión robusta porque producen poco debido a sus lentos movimientos.

A veces los gobiernos con sus políticas públicas también ocasionan la discriminación, como es la campaña contra la obesidad; “no se puede manejar contra la obesidad, porque ¿qué pasará con esas personas robustas, que no consumen chatarra?, generas un perfil estético de que sólo se es bello sino se es robusto”, reclamó.

El enfoque debe ser contra los alimentos chatarra, pero no contra la obesidad; “un niño robusto en la escuela, puede estar alimentado con lo más nutritivo, pero es de esa complexión, se estigmatizará ese niño y que los demás niños se burlen, y no nomás eso, sino que al personal femenino no se le quiere contratar en muchas empresas también por su complexión”.

En el caso de la corrupción es otra forma de violar los derechos e interactúa con la discriminación, pero no está en México arraigada la cultura de la legalidad, porque en primera instancia se requiere de legislaciones nuevas sobre el tema de la lucha contra la corrupción.

La corrupción puede ser natural, pero si no hay leyes y estructura fuerte en el sistema educativo de las personas no se podrá abatir, y el valor de conducirse con legalidad debe forjarse culturalmente, enseñarse en la escuela, la familia, en los políticos y gobernantes, predicar con el ejemplo; “no puede enseñarse a un niño que debe ser honesto si luego se da cuenta que quien se lo dijo hizo lo contrario”.

Aseguró que el sector privado hace esfuerzos más fuertes en ese sentido, pero porque le pega en el bolsillo; “el argumento en un centro de diversión es por la forma de vestir de la persona y no se le deja entrar porque es un lugar privado, pero no debe haber confusión, están obligados a no discriminar, porque aunque sea negocio muy privado tiene permiso del gobierno y se obliga a respetar los derechos de las personas”.

EN VEINTE AÑOS LA MATERIA DE DERECHOS HUMANOS HA EVOLUCIONADO

A pesar de que hay voces pesimistas que dicen que se ha logrado poco en 20 años, el análisis de la evolución en el ejercicio de los derechos y la erradicación de prácticas atentatorias que se hacían en el servicio público ha tenido avances importantes en todos los ámbitos.

En temas como la procuración de justicia, la erradicación de la tortura, la seguridad pública preventiva, la erradicación de las detenciones por sospecha o actos de desnudar a alguien por razones de seguridad en los Ceresos, como los maltratos y abusos en la aplicación de la “ley del talión” en casos de violadores u homicidas, los casos han venido a menos.

En el servicio público en lo general hubo erradicación de la discriminación; se elevó la calidad en los servicios, con mayor amabilidad eficiencia rapidez, el tráfico de influencias se ha aminorado mas no abatido, porque hay la necesidad de leyes anticorrupción.

En el tema de la salud se logró en un momento desarrollar el aspecto de la celeridad en la prestación de los servicios, en pasar del un primero a un segundo o tercer nivel y atender los reclamos en casos de negligencia médica.

Al interior de los Ceresos, de 2008 para acá se hizo una evaluación en base al estándar de 7 derechos, lo que permitirá evaluar las condiciones de las prisiones. “Debemos aceptar que con esta incidencia de la inseguridad se ha afectado muchos programas de seguridad pública, por el tema de los al interior de éstos, que en los últimos dos años repuntó enormemente, porque las organizaciones delictivas afuera han consolidado sus grupos de poder dentro de los Ceresos”, lamentó.

Explicó que el tema de la seguridad ha afectado el tema de los derechos humanos porque la gente se siente temerosa, hoy muchos evitan estar más tiempo en la vía pública y la paz es elemento para el desarrollo armónico de una sociedad.

“De 2008 para acá se han visto afectados algunos derechos, pero eso no evita que continuemos con el problema general de lograr un mejor respeto a los derechos humanos en el servicio público en general, como forjar un código de buena práctica administrativa”, finalizó Armendáriz.



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