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Setenta personas muertas en protestas contra gobierno de Perú: estudio

27 de noviembre de 2010.

Lima.- Setenta personas han muerto en Perú y más de mil han sido procesadas en las diversas protestas sociales que se han sucedido desde 2006, cuando Alan García accedió a la Presidencia del país por segunda vez, según un informe difundido hoy por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

El directivo de Aprodeh Miguel Jugo destacó a Efe que los conflictos sociales se han triplicado en este periodo, desde los 70 contabilizados a finales de 2006 hasta los 250 de 2010.

Además, 15 civiles murieron como consecuencia de la "represión policial" en diferentes protestas bajo el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), mientras que esta cifra ascendió a 47 durante el segundo mandato de Alan García.

A este número, el informe suma las muertes de 23 policías durante el conflicto que en junio de 2009 enfrentó en la localidad selvática de Bagua a las fuerzas del orden con indígenas que protestaban contra varios decretos, y que para Jugo es un ejemplo de los errores que realiza el Ejecutivo al "no abordar de manera dialogada" estos problemas sociales.

Para la organización civil, la raíz de estos conflictos está en la "marginación y la injusticia", puesto que la mayor parte de estos hechos ocurre en las regiones más pobres.

Originados en su mayoría por la agresión al medio ambiente y a las comunidades, los conflictos están relacionados directamente con el modelo económico, los vínculos de los intereses privados con los poderes públicos y las redes de corrupción, problemas que "no se están resolviendo", según el directivo de Aprodeh.

A su juicio, el Estado peruano ha optado por "criminalizar la protesta" como respuesta a los movimientos sociales, ya que en diversos casos ha renunciado al diálogo, judicializado los conflictos o descalificado a los partícipes por "atentar contra la seguridad nacional".

Aprodeh llama también la atención sobre la "tendencia a la impunidad" de los excesos policiales y a la suspensión de pequeñas emisoras de radio que apoyan los movimientos sociales.

De otro lado, el informe señala que ha habido "pocos avances y muchos retrocesos" en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales por parte del gobierno de Alan García.

De esta forma, el Ejecutivo insiste en mostrar el crecimiento económico experimentado por Perú en los últimos años, a pesar de que persisten las brechas entre los sectores ricos y los más pobres, según Aprodeh.

En el capítulo de los pueblos indígenas, diferentes grupos de derechos peruanos continúan reclamando que la extracción de recursos naturales en territorios indígenas requieran del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos, algo que consideran que no está garantizado con la ley de consulta que se está tramitando actualmente.

Finalmente, la organización recoge una serie de recomendaciones para cambiar el modelo económico como son mayores apoyos a la industria y a la agricultura, la descentralización de las actividades, la promoción de la pequeña y mediana empresa, el presupuesto social, la sostenibilidad ambiental y los derechos laborales.



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