Weekly News

Atando Cabos por:
Adrián Ventura
Legalidad pero no Justicia

13 de enero de 2011.

El caso que ha sido conocido a nivel nacional e internacional, debido a la injusticia con la que se actúo para resolver algo por demás evidente, es el de Rubí Marisol Frayre Escobedo, que tuvo otro episodio trágico: El asesinato de su madre, Marisela Escobedo.

Lamentablemente todo parece indicar que para que la autoridad volteara de nuevo la vista a este penoso caso tuvo que perder la vida la madre de Rubí Marisol, quien se había convertido desde hace meses en una activista social fuerte, que era como una piedra en el zapato y no dejaba de estar presente clamando justicia.

Ella tuvo que ofrendar su vida para que de nuevo volviera a desenterrar el caso, que sólo los días posteriormente al nefasto veredicto dado por los jueces innombrables hoy de nueva cuenta vuelve a resurgir tras meses de habérsele echado tierrita.

Esta semana reciente pasada dos fueron los eventos importantes en el tema: El primero cuando el Congreso del Estado, en la asamblea de la Permanente, llevara el punto de acuerdo para integrar la comisión especial que dé seguimiento a la petición hecha por el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, de quitarle el fuero constitucional a los jueces Rafael Boudib, Netzahualcóyotl Zúñiga y Catalina Ochoa, para con ello posteriormente, si eso resulta así, ser otra instancia, en este caso la Fiscalía General del Estado, quien se encargue de investigarlos y en caso de que haya delito que perseguir se les sancione como es debido.

Así que los reflectores estuvieron en la sesión del Congreso del Estado, donde los diputados votaron este punto de acuerdo por unanimidad para integrar la comisión de juicio político contra estos tres jueces y buscar el desafuero constitucional.

Lo anterior para reparar en cierta manera el agravio hecho a una gran parte de la sociedad chihuahuense, no sólo la familia de Marisela Escobedo, sino de todos aquellos que ven en la reforma procesal penal una gran falla.

El segundo evento fue el inicio del proceso administrativo en contra de los jueces Rafael Boudib, Netzahualcóyotl Zúñiga y Catalina Ochoa; fue precisamente en su casa, luego que los medios criticaran fuertemente al presidente magistrado Javier Ramírez al considerar un retraso, por la temporada navideña, en la notificación de que hay procesos en su contra. Ayer en el inicio de las actividades ordinarias fue lo primero que se hizo: Notificarles sobre el proceso en su contra.

Se dio a conocer que a los jueces ya se les notificó y no sólo de forma verbal, sino con documentos en mano, de que existen investigaciones de las anomalías en las cuales incurrieron al dejar libre a Sergio Barraza Bocanegra.

El pleno de los magistrados, luego de analizar, investigar y valorar las presuntas fallas en las que incurrieron los jueces, pasados los veinte días que marca la Ley, emitirán un veredicto sobre si hay o no sanciones contra sus colegas.

Este proceso administrativo se dio luego de que el fiscal general del Estado, Carlos Manuel Salas, interpusiera un recurso en la última sesión de los magistrados que integran el STJE en contra de los jueces, basado en fallas que pudieron presentar en el juicio oral que dejaron libre a Barraza Bocanegra y en el recurso de casación, donde se sentenció a pena máxima al hoy homicida prófugo.

Así que los tres poderes del Estado en Chihuahua: El Ejecutivo con la Fiscalía; el Legislativo con la sesión de la Permanente y el Judicial con el inicio del proceso administrativo, arrancó este 2011 calentito para los jueces que actuaron conforme a derecho, pero no conforme a justicia



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