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Juez exige a CIA no volver a destruir videos

15 de enero de 2011.

Nueva York.- La CIA debería investigar la forma en que sus empleados destruyeron las grabaciones de los interrogatorios a sospechosos de los atentados del 11 de septiembre del 2001, y tendría que explicar cómo impedirá que algo semejante ocurra de nuevo, dijo el viernes un juez federal a un abogado del gobierno.

"Este tipo de destrucción nunca debió haber ocurrido" y la CIA debería mostrar que ha aprendido su lección, dijo el juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein a abogados del gobierno que representan a la agencia, durante una audiencia en Manhattan.

El juez dijo que la destrucción de grabaciones de interrogatorios que utilizaron métodos brutales mostró que la CIA no confía en que "los jueces tienen un respeto adecuado por los intereses de seguridad en Estados Unidos".

Después de que el juez hizo sus comentarios, la fiscal federal asistente Tara LaMorte señaló que un fiscal del gobierno que investigó la destrucción y decidió no presentar cargos judiciales ofreció reunirse con el juez y reportar de lo que se enteró.

Hellerstein dijo que le gustaría tener la reunión y que haría lo más público posible el contenido después de ésta.

LaMorte también defendió las acciones de la CIA, diciendo que la agencia había acatado diligentemente las órdenes de Hellerstein al entregar documentos relacionados con la destrucción de las cintas.

"La CIA las tomó muy seriamente", agregó.

El gobierno admitió haber destruido 92 grabaciones en video, incluidas las que contenían interrogatorios al lugarteniente de al-Qaida, Abu Zubaydah. El sospechoso dijo posteriormente a un tribunal militar que sufrió tortura física y mental y que casi murió en cuatro ocasiones.

Zubaydah señaló que las autoridades llegaron después a la conclusión de que él no era el tercer miembro más importante en la estructura de al-Qaida, como lo habían creído desde mucho antes.

El gobierno del presidente George W. Bush había dicho que algunas grabaciones fueron destruidas en el 2005 para proteger las identidades de los interrogadores del gobierno en momentos en que el Departamento de Justicia estaba debatiendo si las tácticas de interrogación eran legales. AP



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