Weekly News

LA COLUMNA DESENTUERTOS

2 de febrero de 2011.

* ROMPE MARCO QUEZADA CON LA FEDERACIÓN POR NO CUMPLIR ACUERDOS DE SEGURIDAD

* TRABAS PARA LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES A LOS JUECES DEL CASO RUBI

* MIENTRAS JUEGAN SUS ULTIMAS CARTAS PARA LOGRAR EL AMPARO FEDERAL

El presidente municipal de Chihuahua capital Marco Adán Quezada Martínez, se mostró en realidad molesto al enterarse de la baja de recursos por parte de la Federación en cuanto al combate de la inseguridad, con un presupuesto inferior al año pasado, con solo 62 millones de pesos.

Ese recurso otorgado por parte del SUBSEMUN, fue considerado por el alcalde como insuficiente para combate a la inseguridad lo cual simplemente es injustificado, ya que la violencia sigue presentándose no solo en la frontera sino en municipios de la entidad.

Simplemente la actitud que se tomo para la entrega de estos recursos, se afirma es manera discrecional lo que afecta que no exista en realidad una regla para la entrega de estos recursos.

Varias voces se alzaron también en apoyo al alcalde Marco Quezada, entre ellos el presidente del la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Nueva Alianza, Pedro González Russek se pronunció en contra de la decisión tomada por el gobierno federal en el sentido de recortar el subsidio para la seguridad municipal, (Subsemun).

En su apoyo González Russek mencionó que no se puede entender cómo es que la federación pretende que la corporación policiaca municipal de Chihuahua haga frente a la inseguridad si no se cuenta con una de las principales herramientas para abatir la ola delictiva, el recurso económico.

“Si bien es cierto que en la pasada administración no se aprovechó el SUBSEMUN, hoy existe, en el presidente municipal de Chihuahua Marco Adán Quezada, una nueva visión para enfrentar la violencia, por lo que se debe atender con otro criterio o evaluación a las nuevas administraciones gubernamentales”, dijo en su apoyo el representante de Nueva Alianza.

Manifestó que los recursos monetarios que el municipio dejará de percibir en el rubro de seguridad pública le resta al mismo gobierno federal su estrategia al combate a la corrupción y el crimen organizado, pues se verá mermada la capacitación de los agentes y protección de los mismos y ciudadanos del municipio de Chihuahua.

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El diputado Raúl García Ruiz, secretario de la Comisión Jurisdiccional que sigue el caso de juicio político contra los jueces, Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga. Ha batallado lo inimaginable para la entrega de los citatorios y documentos para que estén enterados oficialmente sobre el caso que se le sigue en su contra por parte del Congreso del Estado.

Y desde el inicio de la semana cuando se empezó la notificación, simplemente para ubicar los verdaderos domicilios donde habitan o habitaban los jueces; al momento de llegar simplemente ya no estaba la casa en funciones o no pudieron ingresar por ser fraccionamientos exclusivos y con órdenes los guardias de impedir el acceso a cualquier persona extraña y en lo particular para los diputados y su sequito de colaboradores.

Así que el proceso se hace lento, lo que es aprovechado por los indiciados para acomodar sus estrategias jurídicas en su defensa; por lo que seguirán aprovechando todo lo que se vaya dando en el camino como espacio para ganar la atención mediática.

Por el momento uno de los tres jueces, Rafael Boudib ya logró que un magistrado de distrito atendiera su caso y lograra el amparo de la justicia federal, por lo que los otros dos muy probablemente lo logren en los próximos días.

Y este amparo no es que ya deje el Congreso el juicio político, pero al menos si le impide emitir cualquier resolutivo hasta pasado el 11 de marzo, día en que la justicia federal, responderá si da o no el amparo al juez.



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