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Amparan a Sergio Barraza ante condena de 50 años de prisión

11 de febrero de 2011.

Chihuahua, Chih.- En busca de solicitar a su defendido un apoyo para que deje de ser perseguido por la ley, el defensor público de Sergio Barraza interpuso un amparo contra la condena de 50 años que un tribbunal de Chihuahua impuso al asesino de Rubí Marisol en mayo del 2010.

El defensor público, Joel Meneses Hernández promovió el amparo a favor de Barraza ante un tribunal federal durante los primeros días de febrero, aunque al hacerlo “desacató las instrucciones” de la Defensoría Pública del Estado, de acuerdo con Jorge Neaves Chacón, titular de la dependencia.

La Defensoría Pública de Chihuahua, entidad del norte de México, estableció en 2009 que los defensores públicos que deseen presentar un amparo deben consultar previamente a la dependencia si el recurso legal procede o no. Meneses actuó por su cuenta.

El funcionario señaló que Meneses no había promovido amparos en otros casos, por lo que “nos resulta bastante extraño que en este caso particular realice todas estas maniobras”.

“Yo no sé si tenga contacto con la persona que se encuentra prófuga. No sé si haya contactado a esa persona (Barraza) y no nos haya informado de esa situación”, dijo Neaves Chacón.

Ahora, un tribunal federal debe analizar y resolver sobre la solicitud de amparo a favor de Barraza, mientras la Defensoría Pública chihuahuense decide si sanciona o no a Meneses por actuar unilateralmente.

Barraza fue detenido en 2009 por el asesinato de Rubí Frayre Escobedo, quien era su pareja sentimental, pero los jueces lo absolvieron de los cargos bajo el argumento de que carecían de pruebas para condenarlo. Marisela Escobedo, la madre de la víctima, apeló el fallo y logró que un tribunal superior lo sentenciara a prisión, aunque el hombre ya había huido.

Desde entonces Escobedo exigía justicia para su hija, hasta que fue asesinada en diciembre pasado durante una manifestación frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Su asesino también está prófugo.

Tras su muerte, los jueces que liberaron a Barraza fueron suspendidos de sus cargos y enfrentan un juicio político en el Congreso local. Ellos sostienen que fue el fiscal del estado quien falló en su labor al no presentar la evidencia necesaria en el caso.

El crimen contra Escobedo ha generado protestas de organizaciones civiles y organismos internacionales, que alertan de los altos niveles de violencia en Chihuahua y todo México.



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