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Exigen esclarecer caso de jóvenes levantados por polimunicipales

4 de abril de 2011.

Human Rights Watch (HRW) condenó la desaparición forzada de cuatro personas en Ciudad Juárez, Chihuahua, a manos de policías municipales que están bajo las órdenes de secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola Pérez, acusado por tortura en Tijuana Baja, California.

José Miguel Vivanco, director del organismo, exigió “una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial sobre las acusaciones que pesan sobre el llamado “superpolicía”por el presunto delito de tortura cometidas entre 2009 y 2010, cuando desempeñaba el mismo cargo en la fronteriza ciudad de Tijuana.

A 48 horas de concluir la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), el activista internacional llamó a las autoridades federales a investigar las denuncia de la desaparición de los civiles Juan Carlos Chavira, de 28 años; Dante Castillo, de 25; Raúl Navarro, de 29; y Félix Vizcarra, de 22 años de edad, quienes fueron detenidos el 26 de marzo por policía municipales de Ciudad Juárez y desde entonces se encuentran desaparecidos.

Vivanco resalto que ante “los claros indicios de participación policial en las desapariciones y la investigación mediocre” de las autoridades locales, los agentes del Ministerio Público federal deberían asumir las indagatorias, más aún cuando “está en juego la vida de estos cuatro hombres”.

En un comunicado, HRW citó la versión dada a conoce por la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua (CDHC), en la que, según cinco testigos aseguran que los cuatro civiles fueron detenidos cuando circulaban en una camioneta pick up; además, proporcionaron los números de las patrullas de los policías municipales que los arrestaron; dos de éstas, corresponden a los guardaespaldas de Leyzaola.

El organismo defensor de los derechos humanos destacó que, el 27 de marzo, el vehículo de los civiles fue encontrado sin placas de circulación y con las llaves adentro, a varios kilómetros del sitio de detención.

Según la queja de la CDHC, familiares de los desaparecidos acudieron a las delegaciones de las diferentes corporaciones policíacas, municipales, estatales y federales, para averiguar sobre su paradero. Arminda Vázquez, hermana de uno de los detenidos por los policías, acudió el 27 de marzo a la Agencia del Ministerio Público para interponer una denuncia por desaparición forzada pero fue hasta el día siguiente que el personal de la dependencia tomó su querella, asignándole el número 8/77/11, apuntó HRW.



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