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Es México el país más peligroso para ejercer el periodismo: ONU

6 de junio de 2011.

Ciudad Juárez, Chih.- México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo, pues del año 2000 a 2010, han sido asesinados 66 comunicadores y 12 han desaparecidos, indicó Frank La Rue, relator especial de la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión.

La falta de voluntad política que ha prevalecido en la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR) se refleja en que desde 2006, año en que fue creada, no ha logrado la sanción penal de un solo responsable y únicamente ha consignado cuatro casos, señaló el funcionario de la ONU, en el informe final sobre la misión oficial conjunta con la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, efectuada del 9 al 24 de agosto de 2010.

En ese mes ambos visitaron el Distrito Federal, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y México, en donde sostuvieron reuniones con autoridades gubernamentales, legislativas y judiciales tanto a nivel federal como estatal, así como con organizaciones de la sociedad civil, de periodistas y con otros actores relevantes.

La Rue señala, en el documento, que sin una política pública integral dirigida a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio, es imposible que la sociedad mexicana pueda contribuir a combatir el crimen organizado, la delincuencia y la corrupción, y que ejerza un control activo e informado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población.

Lamenta La Rue que muy pocos de los homicidios de periodistas hayan sido esclarecidos, y hace referencia a atentados contra los medios de comunicación.

"La violencia se ha extendido a grado tal que durante el primer semestre de 2010, medios de comunicación nacionales sufrieron intimidaciones y presiones por parte del crimen organizado para publicar o no publicar cierta información, algo que con anterioridad afectaba principalmente a los medios estatales y locales", describe.

También sugiere crear un mecanismo de protección para periodistas, el cual "debe ser implementado a través de un comité oficial e interinstitucional de alto nivel, liderado por una autoridad federal, con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno, dotado con recursos propios y suficientes, con la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación".

En el informe se recomienda fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR y a las procuradurías estatales. El relator especial de la ONU indica que los periodistas interesados en asuntos públicos, particularmente aquellos que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas, no deben ser sujetos de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo.

El Estado, expone, no solamente está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, sino también a prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares.

"Tiene además la obligación de investigar, procesar, juzgar y, en su caso, sancionar a los autores de dicha violencia", señala.

La Rue también señala la existencia en México de una alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les ha asignado frecuencias radioeléctricas, además de que no existen procedimientos claros, precisos y equitativos para otorgar frecuencias de operación a las radios comunitarias. Por ello, recomienda adoptar un marco normativo que brinde certeza jurídica, promueva la desconcentración de la radio y la televisión y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población.

En relación a la publicidad oficial, menciona que es alto su gasto y tiende a incrementarse. "Existen casos en que la publicidad oficial ha sido utilizada como mecanismo para presionar y premiar, castigar y privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas", por lo que recomienda que deberían establecerse criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno.

En sus recomendaciones finales, el relator de la ONU invoca a los propietarios de los medios de comunicación a proveer el apoyo apropiado a los periodistas, incluyendo protocolos de seguridad y capacitación adecuada para aminorar los riesgos, y medidas de seguridad social para ellos y sus familias.



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