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Sentencian a extorsionadores a 25 años de prisión

24 de junio de 2011.

Chihuahua, Chih.- Cinco sujetos que obligaban a propietarios de bares, restaurantes y taxis a vender droga bajo la amenaza de matarlos, fueron encontrados penalmente culpables de los delitos de: extorsión agravada y posesión de vehículo con reporte de robo. Durante un procedimiento especial abreviado el Tribunal de Juicio Oral los sentenció a una penal privativa de la libertad de 25 años de prisión.

Los sentenciados son: Alejandro Pérez Pérez, Eylian Gutiérrez Loreto, Adrián Grajeda Olague, José Arturo Carvajal Morales y Víctor Hugo Cardona Juárez, todos con domicilio en Ciudad Juárez y cuya detención se efectuó en esta ciudad el 31 de agosto del 2010, mediante un operativo implementado por distintas corporaciones policiacas.

Dichos sujetos, durante el mes de agosto del 2010, acudían a diversos negocios como lo fueron bares, desponchados, restaurantes, taxistas con la finalidad de obligar a propietarios y empleados a que vendieran droga.

Los delincuentes portaban armas de fuego, cortas y largas cuando acudían a los negocios de las víctimas que extorsionaban, a quienes despojaban de identificaciones y datos, les entregaban la droga (cocaína y piedra) y posteriormente regresaban por el dinero producto de la venta de la droga.

El 03 de septiembre del 2010, la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Zona Centro, llevó a los imputados a la audiencia de control de detención y formulación de imputación ante el Juez de Garantías del Distrito Judicial Morelos.

El 10 de septiembre del 2010, se realizó la audiencia de vinculación a proceso en donde el Juez de Garantías los encontró probables responsables de la comisión de los delitos antes mencionados y fueron vinculados a proceso en la causa penal 1695/2010.

El 21 de junio del 2011, se efectuó la audiencia ante el Tribunal de Juicio Oral en donde mediante un procedimiento especial abreviado el ministerio público fueron encontrados penalmente responsables, audiencia en el que el ministerio público solicitó una pena de veinticinco años de prisión y la reparación del daño a favor de las víctimas, consistente en una multa de trescientos salarios mínimos.



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