*¿SALDRÁ EL TAPADO EL 29 DE OCTUBRE?
*HABRÁ HOY ANUNCIO IMPORTANTE DE PARTE DE CÉSAR OMAR
*EL INEGI COMO PALERO DE LA DICTADURA 4T
El informe de actividades que planea la Junta Municipal de Agua y Saneamiento no es un simple acto de transparencia o evento de corte administrativo. No señor.
Se trata de un acto de fuerte carga política, porque don Sergio Nevárez, su flamante director, quiere ser ni más ni menos que el candidato del PAN a la Presidencia municipal.
De hecho no es obligatorio que tenga que hacerse un suntuoso evento, pero los que encabezan dicha descentralizada casi siempre quieren aprovechar para lucirse y crecer políticamente.
Y como no es su dinero el que gastan para promocionarse, pues sin problema sacan de las arcas de la dependencia.
Así que don Sergio no será la excepción y para el próximo 29 de octubre proyecta su plataforma de lanzamiento. El destape.
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Este miércoles el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, hará un anuncio importante.
Convocó a medios de comunicación, para hacer la revelación.
No se difundió el motivo de la convocaría, sin embargo nunca escogen un miércoles para ese tipo de ejercicios de comunicación.
Así que debe ser algo importante, como lo sería la fecha para la inauguración del ala extra del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata o sobre la fecha para el arranque de la construcción de la nueva estación de policía en el suroriente de la ciudad.
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No cabe duda de que la 4T avanza significativamente a nivel federal, pero hacia la dictadura.
Llama la atención que hasta multas arriba de 40 mil pesos pondrán a quien brinde información falsa a los encuestadores del INEGI.
Dicho organismo siempre navegó con la bandera de que solicitaba información a los ciudadanos y lo que ellos dijeran era aceptado tal cual, porque la entrevista se hacía en el entendido de que era información “de buena fe”.
Se supone que el INEGI no es una instancia persecutora y que no cruza datos con el SAT o con el IMSS, para ver cuántas empresas o negocios están fallando con lo que declaran fiscalmente.
Pero ya con esto el gobierno federal se estaría quitando la careta y demostrando que no se puede confiar en el manejo que se dará a la información.
Se pierde en pocas palabras también la credibilidad hacia el gobierno federal, porque ya se entiende que servirá entonces como una especie de declaración, tal cual.
Aberrante la situación.
Aquí la cosa es quién define si lo obtenido es una información falsa.
¿Habrá un órgano intercesor?, ¿un tribunal, con derecho a disentir, a defenderse?, ¿apelaciones? Nada se ha dicho de eso.
